Editorial Gara
Con la misma celeridad con la que zanjó las deliberaciones sobre la ilegalización de ANV, el Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad colocar fuera de la legalidad a EHAK. Bastaron apenas unas horas para que el Alto Tribunal español decidiera la disolución de esta formación política, cubriendo sin sorpresas un nuevo capítulo de la ofensiva judicial contra la izquierda abertzale y dejando patente que la lectura y análisis de las alegaciones de los abogados -si realmente se produjo- no hizo perder horas de sueño a sus señorías. Se cumplieron, punto por punto, los augurios del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, que ayer mismo daba por segura la ilegalización y, más significativamente, los que días antes de hacerse público el fallo realizaba el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, sobre el signo de la decisión judicial.
La semana que ahora se cierra ha puesto negro sobre blanco la determinación del Estado en su estrategia para intentar hacer desaparecer del mapa político a la izquierda abertzale. No ha tenido reparos -ni democráticos ni judiciales- a la hora de ilegalizar un partido político histórico como ANV, con el que el propio PSOE llegó a compartir lucha política en aquel Bloque Antimonárquico hace más de setenta años y posteriormente trinchera en la cruenta guerra del 36. Tampoco le ha causado ningún embarazo ilegalizar el movimiento pro- amnistía y condenar a doscientos años de cárcel a 21 ciudadanos vascos que si por algo se han destacado ha sido por dedicar su labor de militancia para sacar a la luz la represión de los estados francés y español y hacer llegar su solidaridad y apoyo a centenares y centenares de represaliados políticos.
A falta de conocer los ropajes de su redacción, la sentencia de ayer no se desvía un ápice de la amplia autopista de atropellos judiciales encaminados a desbaratar la disidencia política en Euskal Herria. «Quien no acepte la Constitución quedará fuera de la vida política», manifestaban ayer fuentes del Gobierno español al valorar la ilegalización. Olvidan, omiten, de nuevo, que esa Constitución nunca fue aceptada por este pueblo. Y que el déficit democrático con el que se inició aquello a lo que llamaron transición no ha hecho sino degenerar en estas tres últimas décadas hasta desembocar en un estado de excepción que hoy apesta en Euskal Herria.
